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01/09/2003
- El Global
Informe Murcia: El usuario
debe entender que los recursos son limitados
Ordenación
farmacéutica, Atención Farmacéutica y gestión de la
prestación son tres de los objetivos que, según José
Luis Gil Nicolás, secretario general de la Consejería
de Sanidad de Murcia, tiene la Administración regional
en materia farmacéutica. A éstos se añaden otros retos,
como la contención del incremento de la factura farmacéutica
pública, ámbito en el que, en su opinión, el usuario
juega un papel fundamental.
P. ¿Qué objetivos tiene la Consejería en materia
de farmacia?
R. Los objetivos de la Consejería en materia
farmacéutica se pueden enmarcar en tres grandes líneas.
Por un lado, continuar desarrollando los aspectos
de la Ley 3/1997 de Ordenación Farmacéutica que no
han sido llevados cabo, como los referentes al personal
de las oficinas de farmacia.
El segundo objetivo es la Atención Farmacéutica, desarrollando
la que se ofrece en las farmacias mediante una asistencia
integral de calidad; fomentando actividades de formación,
investigación promoción de la profesión; garantizando
la asistencia a la población en el ámbito de la Atención
Primaria; y promoviendo mecanismos de coordinación
entre los distintos niveles de asistencia.
El tercer reto es la gestión de la prestación. Aquí,
nuestro principal objetivo se basa en conseguir que
el crecimiento del gasto farmacéutico pueda ser asumido
por el sistema, conjugando así la sostenibilidad económica
con un uso racional del medicamento.
P. ¿Cuál es su valoración del crecimiento del gasto
farmacéutico en la región y cuáles han de ser las
medidas para controlarlo?
R. Es una cuestión que preocupa a todo el
Sistema Nacional de Salud. En nuestra comunidad, las
causas principales de este incremento son el crecimiento
poblacional, tanto por número de inmigrantes como
por población autóctona, la gran cifra de desplazados
y, por último, el aumento de la esperanza de vida.
En cuanto a las medidas para controlar el incremento
del gasto, trabajamos en distintos aspectos. Por un
lado, potenciando los sistemas de información electrónica
como herramienta de gestión, lo que nos llevará a
tener informatizados todos los centros de salud a
medio plazo. Por otro, concienciando a los profesionales
para que se impliquen en esta gestión. Al mismo tiempo,
estamos una serie de medidas para potenciar la prescripción
de genéricos, el desarrollo de programas de coordinación
entre niveles asistenciales o la posible implantación
de la tarjeta sanitaria individual para la prestación
farmacéutica, entre otras. En todo caso el objetivo
final es alcanzar la racionalización en la utilización
de los recursos existentes manteniendo los principios
de universalidad, equidad y calidad en la prestación.
P.¿Qué papel tienen las EFG?
R. Los genéricos juegan un papel muy importante
en la racionalización del gasto, ya que ayudan a que
el aumento en el consumo de medicamentos no lleve
aparejado un incremento insostenible del coste. Para
que la influencia del genérico aumente es necesario
no sólo concienciar a los profesionales sanitarios
sino también a los usuarios del sistema.
P. ¿Cree que habría que implicar al usuario en
la contención?
R. El usuario debe comprender que los recursos
del sistema son limitados, y en esta tarea de concienciación
de un uso racional de los recursos debemos estar todos.
El aumento de la esperanza de vida implica un mayor
y más prolongado uso de los recursos, que encarece
el coste sanitario. Al mismo tiempo, hay otro punto
clave: el cambio de actitud de un usuario que, al
estar más informado, es consciente de sus derechos
y los exige. Teniendo esto en cuenta, la Administración
debe establecer los mecanismos para dar la respuesta
adecuada.
P. ¿Qué valoración hace de la LOF de Murcia y cuáles
son sus principales características?
R. Esta Ley nació por la necesidad de plasmar
un concepto de Ordenación Farmacéutica adaptado a
las condiciones e idiosincrasia de la región, respetando
los escasos principios básicos estatales promulgados,
y tiene varias características esenciales. Así, el
capítulo regulador de las farmacias desarrolla las
distintas figuras de profesionales que pueden prestar
sus servicios en estos establecimientos, y planifica
nuevas aperturas en función de características demográficas
y territoriales.
La Ley permite la transmisión de farmacias, tanto
ínter vivos como mortis causa, con condicionantes.
Aquí, la novedad radica en la limitación o prohibición
de este derecho en el supuesto de que el titular de
una farmacia obtenga una nueva autorización de apertura,
en cuyo caso decaerá la autorización originaria. El
objetivo es evitar la especulación en las transmisiones
y el abuso de derecho que puede suponer que un titular
con importantes méritos pueda acceder a una nueva
autorización para enajenar su autorización originaria
con carácter inmediato.
Este planteamiento es un intento de abrir una tercera
vía en el tratamiento legal de las transmisiones,
entre una libertad absoluta y una prohibición tajante.
Por otro lado, la Ley prevé la posibilidad de que
existan depósitos de medicamentos tanto en centros
sanitarios públicos que no estén obligados a tener
servicio de farmacia como en los centros sanitarios
privados de Atención Primaria, para dar cobertura
a éstas entidades que presten servicios médicos y
que, con carácter de urgencia, dispensan medicamentos
de manera puntual.
P. ¿Cree que la existencia de 17 leyes farmacéuticas
distintas puede generar discriminaciones?
R. La Constitución define al Estado español
como descentralizado, estando las competencias definidas
por la propia Constitución y por los Estatutos de
Autonomía. Partiendo de esta base y teniendo en cuenta
que se ha de garantizar la equidad en todo el estado,
qué duda cabe de que la ordenación de una actividad
sanitaria como la farmacéutica se podrá hacer más
ajustada a la realidad si se realiza desde el propio
territorio en el que se va a llevar a cabo, puesto
que la distribución de población, las necesidades
de ésta y el resto de recursos sanitarios existentes
son mejor conocidos y pueden ser mejor gestionados.
P. ¿Qué relación existe entre la Consejería y el
COF?
R. En los últimos años se aprecia la necesidad
de una potenciación de la actuación farmacéutica,
propiciada tanto por las administraciones como por
el colectivo farmacéutico. Esto nos ha llevado a una
estrecha colaboración con el colegio de farmacéuticos.
Fruto de ella surgió la LOF de la Región y los decretos
y órdenes que la desarrollan, así como el Convenio
Marco de Colaboración suscrito el 4 de junio de 2002,
por el que se establecen las líneas generales de actuación
en Atención Farmacéutica y en el que se determina
la participación de la farmacia como establecimiento
sanitario integrado en el ámbito de la Atención Primaria,
la promoción de las actividades de formación de los
profesionales y el régimen económico de la participación
de la farmacia en la dispensación de las prestaciones
farmacéuticas.
En la actualidad tenemos en marcha proyectos tales
como los programas de intercambio de jeringuillas
y dispensación de metadona en oficinas de farmacia,
un estudio para el control de la diabetes o la instalación
y puesta en marcha de carteles y tablones de anuncios
en los establecimientos farmacéuticos.
P. ¿Qué valoración hace de la función social y
sanitaria de los farmacéuticos?
R. La función social y sanitaria de las oficinas
de farmacia es muy importante en el SNS. Aproximadamente
el 80 por ciento de la población pasa, al menos, una
vez al mes por una farmacia, siendo éste el establecimiento
sanitario más cercano al ciudadano.
El ejercicio de la Atención Farmacéutica integral
es un proceso evolutivo que requiere una adaptación
del farmacéutico y de su entorno, con el fin de que
toda la práctica se dirija hacia la satisfacción de
las necesidades del paciente en relación con los medicamentos
que utiliza. En este punto, la Consejería ha sido
partícipe de las iniciativas que los profesionales
han emprendido, y ha respaldado el avance de la farmacia
en su acercamiento al paciente, siempre respetando
la labor del médico y de los demás profesionales,
en el convencimiento de que es beneficioso para el
ciudadano.
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