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31/10/2002
- El Global
Félix
Lobo: "Hay
que equilibrar la diversidad y coordinación entre
CC.AA. para evitar la fragmentación."
Félix
Lobo es doctor en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid y licenciado en Derecho por la misma universidad.
Su trabajo se ha centrado en el área de economía de
la salud. Es autor de artículos científicos, como
el titulado Global Budgets and Excess Demand (junto
a Feldman, Roger), publicado en Health Economics;
libros como Medicamentos: política y economía (Barcelona:
Masson-SG, 1992) y también es coautor de varios trabajos
conjuntos sobre la materia.
El nuevo
escenario surgido en la Sanidad a raíz de las transferencias
sanitarias se ha convertido en el tema del año para
el sector farmacéutico. Así lo considera Félix Lobo,
catedrático de Economía y director del curso Medicamentos
y comunidades autónomas, que tendrá lugar en Santander
del 16 al 18 de septiembre. Lobo apuntó a EL GLOBAL
que existe un peligro real de fragmentación, y que
para evitarlo hay que alcanzar un equilibrio entre
diversidad y coordinación.
P. El
titulo del curso que dirigirá en Santander es Medicamentos
y comunidades autónomas. ¿Cuáles son sus objetivos?
R. El interés
del encuentro está en tratar una cuestión de gran
trascendencia que está de absoluta actualidad. Las
comunidades y las transferencias es el tema del año
del sector farmacéutico.
P. ¿Cuáles
serían entonces los principales retos a los que se
enfrenta el sector?
R. La industria
farmacéutica está muy regulada, le importa muchísimo
lo que ocurra en la Administración y lo que ésta decida.
En este momento, su principal reto es que antes tenía
un interlocutor muy bien definido y con una entidad
concreta, y ahora va a tener tantos como comunidades
autónomas hay para muchos temas, aunque no para todos.
Para otros, tanto por legislación como por motivos
de conveniencia u oportunidad, seguirá habiendo competencias
que seguirán estando en manos del Gobierno.
P. ¿Qué
repercusiones económicas pueden traer las transferencias
a la industria?
R. El peso
económico del cambio puede ser muy importante. Es
posible que haya planteamientos de distintas condiciones
económicas en las diferentes comunidades y sobre cuestiones
que hoy día están muy de actualidad, por ejemplo para
delimitar la utilización de determinados fármacos,
como está ocurriendo con el visado de inspección a
algunos de ellos en algunas autonomías.
P. ¿Qué
ventajas tiene, en su opinión, la descentralización?
R. Todos
reconocen que la Constitución de 1978, con el establecimiento
de las autonomías ha cambiado el país, y que fue un
proceso extraordinariamente positivo. Desde fuera
también se ve con enorme interés, como un ejemplo
histórico de un país muy centralizado que ha pasado
a ser bastante descentralizado. La razón fundamental
que se esgrime a favor de la descentralización es
que la Administración está más próxima al ciudadano.
Ahora no aprobaríamos, por ejemplo, que desde lo que
era la sede del Insalud, en Alcalá 56, se decidiera
un concurso de auxiliares de clínica en Lugo, como
pasaba antes. Parece impensable. Eso es una gran ventaja.
P. ¿Y
los inconvenientes?
R. Podríamos
tener un problema de fragmentación del mercado, como
podían ser decisiones contradictorias o no coordinadas.
Sin embargo, hay que acostumbrarse y pensar que la
Constitución otorga, en materia de Sanidad, gran peso
a las comunidades. Que haya una cierta diversidad
no es malo. De hecho, ya existía con las autonomías
que recibieron sus transferencias hace años y lo que
era el territorio Insalud.
P. ¿Hasta
qué punto es un peligro real la posible fragmentación
del mercado? ¿Cuál podría ser el impacto de la situación?
R. Es un
peligro real, pero las propias comunidades tienen
un interés creciente en la coordinación. En estos
poquísimos meses ya ha habido intentos muy importantes.
Algunas comunidades han llegado a acuerdos en determinados
temas y se están consultando mutuamente. Pero el Ministerio
tiene que ejercer también un liderazgo para mantener
una unidad razonable en el mercado sin perjuicio de
la capacidad que tengan las distintas comunidades.
P. ¿Puede
disminuir la capacidad de inversión en I+D de la industria?
R. No forzosamente.
Quizá ocurra al contrario, porque ahora las comunidades
van a tener mucho interés en que las inversiones se
realicen en su territorio. Puede darse un fenómeno
de competencia entre las comunidades por atraer inversiones
y hacer que las condiciones sean más favorables o
atractivas para la industria.
P. Otro
de los problemas de la descentralización puede ser
que existan 17 criterios farmacoeconómicos diferentes
a la hora de evaluar los medicamentos innovadores.
¿Cree que esta situación aumentaría las desigualdades?
R. Tenemos
que acostumbrarnos a que haya diversidad entre comunidades
autónomas. Lo que hay que hacer es mantenerlo dentro
de unos límites razonables y que no llegue a la fragmentación
del mercado. Puede haber criterios diferentes, como
de hecho los ha habido, pero también va a ser importante
mejorar la coordinación. Ahí el Consejo Interterritorial
va a tener un papel muy importante. Las comunidades
tienen razón cuando piden participación en estas grandes
decisiones. ¿Por qué no establecer en el seno del
Consejo Interterritorial mecanismos o comisiones especializadas
que traten estos problemas? Creo que sería razonable.
P. ¿Hay
que unificar criterios?
R. En algunos
aspectos sí. Sobre todo en lo referido a gestión de
la prestación, las comunidades tienen mucho que decir.
Habría que alcanzar un equilibrio entre diversidad
y coordinación.
P. Varios
expertos han situado la farmacoeconomía en España
entre los últimos lugares de la Unión Europea. ¿Qué
opina?
R. No creo
que estemos tan mal situados. La evaluación económica
de medicamentos en España ha dado avances importantes.
Tenemos buenos expertos. No sé con qué criterios se
ha hecho esta ubicación. Otra cosa es que todavía
los estudios de evaluación económica no sean exigidos
por las administraciones públicas en el momento de
tomar decisiones. Creo que esto llegará y que será
un factor a tener en cuenta.
P. ¿Qué
habría que mejorar?
R. Algo
muy importante es la información. En España no es
tan transparente como debería ser. Muchas veces existe,
pero se ponen trabas a su uso, y es absurdo. Sigue
siendo cierto que para determinados estudios es más
fácil hacerlos con referencia a EE.UU., que tienen
sus datos en la web. Aquí conseguir la base de datos
puede ser casi imposible.
P. En
Italia se está estudiando que las regiones pueden
establecer copagos para ciertos grupos de medicamentos.
¿Cree que ésto podría suceder en España?
R. Sí,
podría. En España es un tema con mucha carga política
y cuando la Comisión Abril lanzó su informe, el único
aspecto que salió en los medios de comunicación fue
éste. No obstante, aunque el copago se considera negativo
en muchas esferas, habría que prestarle más consideración,
teniendo en cuenta que es un tema complejo, en el
que también se generan costes administrativos. Si
queremos afinar en términos de equidad, y que las
personas o las CC.AA. con menor renta paguen menos,
sería muy costoso.
P. ¿Hay
otras fórmulas?
R. Si.
Irlanda tiene un sistema de franquicia aplicado al
medicamento, donde hay una cantidad determinada hasta
la cual el asegurado se hace cargo del gasto. A partir
de esa cantidad entra en funcionamiento el seguro
público. Esto puede ser una idea interesante a combinar
con otras, como establecer reembolsos ante los casos
de enfermedades crónicas, copagos, etc.
Pero desde
mi perspectiva, el problema no es entre copago sí
o no, sino en cómo establecer los incentivos adecuadamente.
El debate a veces es maniqueo, por lo que hay que
matizar un poco más, sabiendo que es una cuestión
compleja y con la que difícilmente llegaremos a estar
satisfechos.
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