 |
28/02/2003
Isabel Vallejo, presidenta
de FEFE:"Sanidad debería plantearse si compensa
destruir un servicio eficaz para el ciudadano"
P.
Hace casi un año que asumió la presidencia de FEFE,
¿podría hacer una valoración de este periodo?
R. Durante este primer año de gestión, la junta
directiva de FEFE ha actuado con el fiel propósito
de defender los intereses de la oficina de farmacia
como un sector con unos objetivos muy concretos dentro
de la profesión farmacéutica. Para ello, considerábamos
necesario reforzar el papel de la federación y de
las patronales que representan a este sector como
interlocutores válidos y creo que lo hemos conseguido.
Además, hemos suscrito una serie de acuerdos y pactos,
que ya estaban en curso cuando se constituyó la junta
directiva, cuyo objetivo era la defensa de la estabilidad
de la oficina de farmacia. En este sentido, hemos
avanzado, aunque no se ha conseguido todo lo que queríamos.
Como entidad que presta servicios también hemos conseguido
avances importantes. Entre ellos, están la creación
de un banco de datos para la oficina de farmacia;
la firma de acuerdos en materia de protección de datos
y de riesgo laboral; el trabajo con el Forcem para
fomentar la formación continuada de los profesionales
de la oficina de farmacia; la creación de una página
web interactiva, que será lanzada próximamente; y
los pactos de colaboración suscritos con las organizaciones
de consumidores y la Asociación para el Autocuidado
de la Salud (Anefp). En definitiva, creo que nos hemos
consolidado tanto en esa primera función de defender
los intereses específicos de la oficina de farmacia
como en la de prestación de servicios al sector.
P. Cuando hablaba de la defensa de la estabilidad
de la oficina farmacia ha explicado que no se ha conseguido
todo lo deseado ¿Se refiere a la actualización del
Real Decreto 5/2000? ¿Lo consideran un fracaso?
R. No, en absoluto. No creo que éste sea un
fracaso de Fefe ni de la oficina de farmacia. Nosotros
hemos cumplido los objetivos que contenía el acuerdo
firmado con Sanidad y, por tanto, si no se ha conseguido
la actualización del RD 5/2000 ha sido porque la Administración
aseguraba que no se podía llevar a cabo debido a que
el gasto farmacéutico crecía por encima de los límites
tolerables. Cuando se firmaron los acuerdos y se marcaron
los objetivos de crecimiento del gasto no se comprometió
seriamente a otros sectores y no se ajustaron los
parámetros a la realidad del mercado. Como consecuencia
de ello, se ha producido un sobrecrecimiento de la
factura farmacéutica que ha impedido la actualización
de decreto. En este sentido, la oficina de farmacia
se siente un poco decepcionada y desilusionada, pues,
una vez más, se han incumplido las promesas que se
le han hecho. Nos sentimos el patito feo de la cadena
de valor del medicamento.
P. ¿Cuál es el impacto real del RD 5/2000 sobre
el margen de la farmacia?
R. El establecimiento de un margen fijo para
las especialidades de más de 120 euros ha supuesto
al Sistema Nacional de Salud unos ahorros de 42 millones
de euros en 2001, y de 54 millones de euros en 2002.
Además, a través de la aplicación de los rápeles las
oficinas de farmacia hemos aportado al Estado, de
nuestras arcas, 192 y 240 millones de euros en 2001
y 2002, respectivamente. Todo esto está provocando
un deterioro progresivo del margen de la oficina de
farmacia, que se ha visto rebajado en casi 2 puntos
en los últimos dos años. En mi opinión, el hecho de
que el Real Decreto 5/2000 no se actualice supone
la destrucción económica del sector. Además, somos
el único agente de la cadena de valor del medicamento
que contribuye con aportaciones económicas a la contención
del gasto, pues el resto dan dinero a la Administración,
pero con otro destino. La farmacia sigue dispuesta
a colaborar, pero consideramos que el Ministerio debe
tener presente que no puede solucionar una insuficiencia
económica del SNS a costa de las contribuciones de
los agentes del sector.
P.¿Hasta cuando puede aguantar la farmacia en esta
situación?
R. No sé hasta cuando. Lo que habría que preguntarse
es si el Sistema Nacional de Salud se puede permitir
empujar a la quiebra al sector farmacéutico, cuando
éste presta un servicio muy cercano y eficaz al ciudadano.
Creo que no deberíamos correr ese riesgo. Por tanto,
la cuestión no es saber hasta cuándo aguantaremos
sino no poner en peligro lo que realmente está funcionando.
P. ¿Cuál es su valoración del Plan de Medidas para
el control del gasto farmacéutico diseñado por el
Ministerio de Sanidad?
R. La mayoría de las medidas que se están anunciando
están contempladas en los acuerdos de 2001. Por ejemplo,
el fomento del consumo de genéricos es una de las
iniciativas que Sanidad quiere impulsar para disminuir
el precio medio por receta y que ya incluía, en su
día, el Pacto de Estabilidad, a pesar de lo cual no
se hizo nada durante 2002. Para conseguir este fin,
considero que es necesario hacer un esfuerzo para
aumentar la sensibilidad de la población respecto
a este tipo de medicamentos y que se fomente la prescripción
por principio activo. Además, es preciso que se haga
un reajuste en el cálculo de precios de referencia
para adaptarlo a la realidad, pues hay unas bandas
de precio muy amplias entre genéricos con un mismo
principio activo. Respecto a la prescripción por principio
activo consideramos que permite gestionar mejor a
la farmacia, y si nosotros gestionamos mejor, podemos
ayudar al SNS a hacerlo también. El plan incluye también
medidas como la regulación de la promoción, la modificación
del artículo 100 de la Ley del Medicamento, el fomento
de las EFP y el programa piloto sobre unidosis. Nos
hubiese gustado que, al igual que el Ministerio presentó
todas estas medidas a las comunidades autónomas, se
hubiesen debatido con los agentes del sector antes
de hacerlas públicas. De esta manera, podríamos haber
enriquecido el plan con nuestros puntos de vista y
se hubiese propiciado una postura común de todos.
A pesar de que nos se nos informó a su debido tiempo,
estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio.
P. En alguna ocasión, desde Fefe se ha defendido
que las bonificaciones de genéricos permiten una mejor
gestión de la farmacia que puede beneficiar en último
término al SNS. ¿Podría explicarlo más detenidamente?
R. En primer lugar, habría que aclarar que
las bonificaciones no incentivan el consumo, pues
los genéricos son medicamentos de prescripción y,
por tanto, se dispensan cuando existe una receta previa.
Por otra parte, todos los acuerdos de doble precios
de referencia contemplados en los conciertos instan
al farmacéutico a dispensar el genérico mas barato,
lo que proporciona ahorros al sistema en detrimento
de la facturación de farmacéutico. Dada esta situación,
deberían permitirse las bonificaciones, pues suponen
una mejor gestión de farmacia y así el sistema consigue
su objetivo y la farmacia el suyo. No obstante, Fefe,
con el fin de incrementar la transparencia de esta
práctica, ha presentado a Sanidad una propuesta en
la que se aboga por reflejar las bonificaciones en
factura y establecer los límites en las que éstas
son aceptables. Además, las bonificaciones son un
sistema para que las compañías de genéricos puedan
posicionarse en el mercado.
P. Fefe ya ha presentado sus propuestas a la Ley
de Cohesión y Calidad, ahora en fase de tramitación
parlamentaria.
R. En mi opinión, la oficina de farmacia como
sector que presta un servicio al Sistema Nacional
de Salud debería estar más representada en la Ley
de Cohesión y Calidad. A nuestro parecer, el texto
no define la prestación farmacéutica básica y lo deja
para reglamentaciones posteriores, algo que no debería
ser así, pues ya que se ha descentralizado la Sanidad
debe garantizarse la equidad también en el ámbito
farmacéutico. Una vez definidos los servicios básicos,
cada comunidad pueden ampliarlos según sus necesidades.
Además, el Consejo Interterritorial de Salud es quien
debe fijar esos servicios básicos, pues no sirve de
nada que lo haga Sanidad si luego no es tenida en
cuenta por las comunidades autónomas, que son quienes
firman los conciertos. De hecho, los que se han estado
firmando hasta el momento son fuente de desigualdades
tanto para los ciudadanos como para los farmacéuticos.
En este sentido, hemos propuesto la redacción de dos
artículos. Uno de ellos solicita precisamente esa
función del Consejo Interterritorial de definir aquellos
medicamentos y productos que deben ser cubiertos por
la financiación pública con carácter básico. El segundo
de los textos propuestos solicita también que sea
el CISNS, a propuesta del Ministerio, el que fije
los criterios generales y comunes sobre la prestación
farmacéutica en aspectos que correspondan a la oficina
de farmacia, por medio de los conciertos contemplados
en la Ley del Medicamento. Concretamente, que defina
los conceptos de los que se está hablando constantemente
y que hacen referencia al seguimiento farmacoterapéuticos,
a la detección y notificación de reacciones adversas,
a la colaboración en la protección de la salud y a
la prevención de enfermedades, entre otros. Y es que,
en la actualidad, se están firmando addendas
en los conciertos que darán lugar a que unos ciudadanos
tengan acceso a estos servicios y otros no. No estamos
pidiendo que exista un solo concierto, sino que se
regulen unas condiciones básicas para todos ellos.
P. Fefe no ha incluido en sus demandas el establecimiento
de una ordenación farmacéutica básica. ¿Lo considera
una batalla perdida?
R. Nosotros siempre hemos defendido que el
hecho de que no dispongamos de una ley que fije los
criterios básicos de ordenación ha permitido que existan
17 modelos de oficina de farmacia. Hay aspectos que
sí se deben dejar al arbitrio de las comunidades autónomas
para que satisfagan sus necesidades demográficas y
sociales, pero hay otros que deben ser de carácter
básico para todas ellas. Para Fefe, la armonización
de la ordenación farmacéutica no tiene cabida en la
Ley de Cohesión, pues es una norma para regular el
Sistema Nacional de Salud, y las oficinas de farmacia
somos establecimientos privados que no pertenecemos
al mismo, sino que concertamos con él. De ahí que
sí pidamos la regulación de los conciertos, pero no
la de la ordenación en este texto. Ésta debería regularizarse
en otro capítulo de la legislación española. Lo importante
es que este tema se plantee en el seno del CISNS sin
tener que esperar a los recursos pendientes que se
han presentado ante el Tribunal Constitucional contra
algunas de las leyes de ordenación autonómica.
|
|
